En nueve meses, una hipótesis sin revisión por pares recorrió 28 medios en cuatro países, llegó al escritorio presidencial y terminó en una auditoría del INEC. No fue un accidente. Fue el ciclo de la desinformación funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar.
β=0,562 (p=0,035) con 252 observaciones. Al añadir 24 observaciones excluidas sin justificación: p=0,051. Con grupos de control corregidos: p=0,952. Toda la hipótesis descansa sobre una sola decisión de exclusión.
Un DiD convencional para 2010–2018 con los mismos grupos originales arroja β=−0,50 (p<0,01): las muertes indeterminadas bajaron un 50% en las provincias tratadas. La evidencia de encubrimiento es, en realidad, evidencia de lo contrario.
Presidencia, Asamblea Nacional y UNODC actuaron sobre una hipótesis que nunca pasó por revisión científica. El caso documenta empíricamente por qué la pseudoacademia es más efectiva que la mentira ordinaria.
Hay un experimento mental que vale la pena hacer antes de leer este artículo. Imagine un titular: «Correa ocultó 7.000 homicidios en 10 años». Ahora imagine que ese titular no viene de un panfleto político sino de un estudio firmado por un investigador posdoctoral de la Universidad de Chicago, con un modelo econométrico, un repositorio de datos públicos y una metodología de diferencias en diferencias. ¿Lo cuestionaría con la misma facilidad?
Esa asimetría —entre la credibilidad que le otorgamos a la forma y la atención que le dedicamos al contenido— es el dispositivo central de lo que este artículo llama narrativa pseudoacadémica. Y el caso de la Pax Narca en Ecuador es la ilustración más completa que hemos podido documentar.
La hipótesis, articulada por Arduino Tomasi (2024), sostiene que la reducción de homicidios observada entre 2010 y 2018 no fue producto de políticas públicas eficaces sino resultado de un pacto entre el gobierno de Rafael Correa y el crimen organizado, facilitado por la salida de las tropas estadounidenses de la Base de Manta en 2009. El mecanismo del encubrimiento habría sido la reclasificación sistemática de asesinatos como «muertes violentas de intención indeterminada». Un fraude estadístico de una década.
El problema es que los datos no dicen eso. En absoluto.
Lo que convierte a este caso en un objeto de estudio de primer orden no es solo la falsedad de la afirmación —que este artículo demuestra empíricamente— sino la escala y velocidad con que la narrativa recorrió el circuito que va de la publicación sin pares a la decisión presidencial de auditar el INEC.
Ecuador transitó de ser uno de los países más seguros de América Latina a convertirse en el epicentro regional de la violencia en menos de cinco años: de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017 a 46,7 en 2023. Esa transformación generó el caldo de cultivo perfecto para narrativas que ofrecieran explicaciones simples a un fenómeno complejo. La Pax Narca supo leer ese momento con una precisión casi clínica.
Las noticias falsas convencionales tienen un talón de Aquiles: su informalidad las delata. Un tuit sin fuente, un titular sin firma, una imagen sin contexto —cualquier lector mínimamente alerta activa sus defensas. La narrativa pseudoacadémica resuelve ese problema de raíz. Adopta los marcadores formales de la ciencia legítima —datos cuantitativos, referencias bibliográficas, modelos estadísticos, credenciales institucionales del autor— y con eso eleva el costo de la refutación a un punto que la mayoría de los actores institucionales no puede pagar.
La legitimidad opera en dos niveles simultáneos. Para las audiencias generales, la apariencia técnica activa lo que Daniel Kahneman llamaría el sistema 1 de procesamiento cognitivo: cuando el contenido es difícil de evaluar directamente, las personas delegan en los expertos y aceptan las conclusiones sin escrutinar el método. Para los gatekeepers informativos —periodistas, editores, políticos—, la ecuación es distinta pero el resultado es el mismo: contradecir un «estudio académico» requiere econometría, y la mayoría de los comunicadores no tiene econometría.
A partir del caso ecuatoriano, este artículo propone que la desinformación pseudoacadémica sigue un ciclo de tres fases que la distingue cualitativamente de las noticias falsas ordinarias:
El contenido maximiza simultáneamente el impacto emocional —variables con alta resonancia política, como «homicidios encubiertos»— y la credibilidad técnica —modelos cuantitativos, repositorios de datos públicos, credenciales institucionales del autor—. El canal de publicación, un portal de periodismo de investigación en lugar de una revista arbitrada, permite evadir el escrutinio de pares mientras mantiene la apariencia de rigor. La ausencia de revisión, que en el mundo académico es una limitación visible, se vuelve invisible para las audiencias mediáticas.
La narrativa es adoptada en olas: primero los columnistas especializados y medios de análisis, que aportan credibilidad sin verificación metodológica; luego los medios masivos nacionales, con alta audiencia y menor capacidad técnica de refutación; finalmente los medios internacionales, que legitiman la narrativa por el solo hecho de replicarla. En cada eslabón, el contenido pierde matices pero gana alcance. Los titulares se simplifican, las conclusiones se presentan como certezas, y la hipótesis original queda tan lejos en la cadena que nadie siente la necesidad de volver a verificarla.
En contextos de alta polarización, el ciclo culmina con la adopción de la narrativa por actores institucionales que la convierten en justificación para acciones de política pública. Una hipótesis sin sustento empírico adquiere legitimidad jurídica o administrativa, genera costos institucionales reales y produce efectos difíciles de revertir. La institucionalización retroalimenta la Fase 2, generando nueva cobertura mediática que valida la narrativa original —y el círculo se cierra.
La difusión de la Pax Narca no fue caótica. Siguió una lógica de cascada con una precisión que, en retrospectiva, resulta casi didáctica.
En la primera oleada (enero–mayo 2024), el ataque armado al canal TC Televisión por parte de Los Tiguerones había generado un contexto de máxima receptividad para cualquier narrativa que explicara la violencia. Los columnistas especializados y medios de análisis llegaron primero: Plan V, Diario Expreso, El Tiempo de Colombia. Describieron la hipótesis de Tomasi como un hallazgo que «merecía discutirse». No la verificaron. Eso no era necesario: su función era crear el precedente de credibilidad que las siguientes oleadas heredarían automáticamente.
En la segunda oleada (mayo–agosto 2024), el salto fue hacia los medios masivos. Infobae publicó una entrevista extensa presentando la hipótesis como resultado de un «minucioso estudio académico». Diario El Universo, Ecuavisa, Revista Vistazo y Diario Extra cubrieron la historia con titulares que presentaban las conclusiones como hechos establecidos. Medios de Argentina, España e Italia la amplificaron, confiriéndole una dimensión transnacional que aumentó su credibilidad percibida: si lo publican en el Corriere della Sera, algo de cierto debe tener.
La tercera oleada (septiembre 2024) es la más reveladora. El 6 de septiembre, el presidente Noboa dispuso una auditoría al INEC sobre los datos de homicidios desde 2008 hasta 2023, citando explícitamente a Tomasi como detonante. El 12 de septiembre, el INEC inició formalmente el proceso. El 13, la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional aprobó una moción de fiscalización. Ante la dimensión del asunto, el INEC solicitó el acompañamiento técnico de la UNODC. Todo esto sobre una hipótesis que nunca fue evaluada por ningún par académico.
| Medio | País | Tipo | Oleada |
|---|---|---|---|
| Plan V (×3) | Ecuador | Periodismo de investigación | 1ª |
| Diario Expreso (×4) | Ecuador | Noticia / columna | 1ª y 2ª |
| Revista Gestión / Primicias | Ecuador | Análisis | 2ª |
| Diario El Universo (×3) | Ecuador | Noticia / columna | 2ª y 3ª |
| Ecuavisa (×2) | Ecuador | Noticia / entrevista | 2ª y 3ª |
| Revista Vistazo (×2) | Ecuador | Reportaje | 2ª y 3ª |
| Diario Extra | Ecuador | Noticia | 2ª |
| Infobae (×2) | Argentina / regional | Noticia / entrevista | 2ª |
| El Economista | Argentina | Noticia | 2ª |
| Corriere della Sera | Italia | Reportaje | 2ª |
| Libre Mercado | España | Noticia | 2ª |
| Programas TV y radio (×6) | Ecuador | Entrevista / debate | 2ª y 3ª |
Fuente: elaboración propia a partir del repositorio público de Tomasi (arduinotomasi.github.io/Pax/) y búsqueda documental en bases de prensa.
El modelo econométrico de Tomasi (2024) es una variante de diferencias en diferencias tipo event study con efectos fijos bidimensionales para provincia y año. Aplicado sobre la tasa de muertes violentas de intención indeterminada del INEC, busca detectar un quiebre estructural después de 2009 —el año del cierre de la Base de Manta— en las provincias clasificadas como «ruta del narcotráfico». La lógica es intuitiva. Los problemas son tres, y son graves.
El primero es la exclusión arbitraria de datos. Santo Domingo y Santa Elena fueron eliminadas de la estimación principal sin justificación metodológica. Las estadísticas del INEC existían para esos territorios antes de su provincialización. El propio Tomasi las incluye en su sección de robustez, lo que revela que la exclusión en el modelo principal responde a una sola necesidad: obtener significancia estadística. Sin esas dos provincias, hay un resultado. Con ellas, el resultado desaparece.
El segundo es la clasificación circular de grupos. Tomasi fundamenta su asignación de provincias al grupo de tratamiento en un mapa de calor construido a partir de sus propias estimaciones previas. Los resultados dependen de una clasificación derivada de resultados anteriores del mismo autor. Provincias sin conexión con el narcotráfico marítimo fueron incluidas en el tratamiento; Santo Domingo —que colinda con Manabí y es un nodo logístico del narcotráfico— fue asignada al control.
El tercero es la selección retórica de coeficientes. De los doce coeficientes anuales que produce el modelo, solo uno es positivo: el de 2010, el año inmediatamente posterior al cierre de la Base. Los otros once son negativos —seis de ellos significativos al ampliar la muestra—. Tomasi construye su argumento sobre ese único coeficiente e intenta interpretar el patrón negativo posterior como una «inversión del efecto» atribuible a la ruptura Correa-Moreno en 2017–2018. El problema es que los coeficientes negativos comienzan en 2011, apenas un año después del supuesto efecto, y se mantienen durante todo el período, incluyendo los años de mayor poder político del correísmo. Hay un nombre para seleccionar el único resultado favorable e ignorar los demás: cherry-picking.
| Año | Restringido (252) Coef. / p |
Completo (276) Coef. / p |
Corregido (276) Coef. / p |
|---|---|---|---|
| 2007 (−2) | −0,139 / 0,751 | −0,220 / 0,592 | −1,101 / 0,008** |
| 2008 (−1) | −0,017 / 0,931 | −0,009 / 0,960 | −0,297 / 0,127 |
| 2010 (+1) | 0,562 / 0,035* | 0,485 / 0,051 | 0,016 / 0,952 |
| 2011 (+2) | −0,717 / 0,043* | −0,648 / 0,051 | −0,595 / 0,013* |
| 2015 (+6) | −0,719 / 0,029* | −0,810 / 0,008** | −0,929 / 0,039* |
| 2017 (+8) | −0,925 / 0,024* | −0,982 / 0,008** | −1,099 / 0,019* |
| 2018 (+9) | −1,192 / 0,000*** | −1,255 / 0,000*** | −1,167 / 0,013* |
Errores Newey-West (lag 4) para modelos restringido y completo; robustos clusterizados para modelo corregido. Año base: 2009.
Como señalan Gelman y Loken (2014), la diferencia entre p=0,049 y p=0,051 carece de significado sustantivo. Lo relevante es la estabilidad del efecto ante perturbaciones mínimas del diseño. En este caso, esa estabilidad es nula: dos provincias deciden si hay o no hay resultado.
Hay algo casi poético en el resultado del modelo DiD agregado. Cuando se toma el período post-tratamiento completo (2010–2018), con los mismos grupos de control y tratamiento que Tomasi utiliza, con su propia base de datos, el coeficiente no solo deja de ser positivo: se invierte con rotundidad.
Las muertes violentas de intención indeterminada disminuyeron aproximadamente un 50% en las provincias tratadas durante el período que supuestamente documenta el encubrimiento. Si esas muertes fueran homicidios mal contabilizados, su reducción sería perfectamente congruente con la tendencia a la baja que la literatura científica ya había documentado. La hipótesis del encubrimiento masivo no solo carece de sustento: sus propios datos apuntan en la dirección opuesta.
Con los grupos corregidos, el problema se profundiza aún más: el coeficiente de 2007 (t−2) resulta significativo (p=0,008), lo que indica diferencias preexistentes entre grupos antes del evento. El supuesto de tendencias paralelas —el requisito mínimo para que un diseño DiD sea válido— no se satisface. Las variaciones en la categoría de muertes de intención indeterminada no responden a ningún quiebre atribuible al cierre de la Base de Manta, sino a dinámicas estructurales vinculadas a las capacidades forenses provinciales.
La pretensión de extraer una conclusión causal del único coeficiente positivo —2010— ignorando el efecto agregado negativo y significativo del período completo no es un error metodológico accidental. Es la huella del p-hacking: buscar en los datos hasta encontrar el número que confirma la historia que ya se quiere contar.
Los decisores institucionales poseen incentivos para validar narrativas que se alinean con sus intereses políticos y que vienen respaldadas por credenciales académicas, aunque estas sean simuladas. Esto explica por qué la probabilidad de llegar a la institucionalización es sustancialmente más alta con narrativas pseudoacadémicas que con noticias falsas ordinarias. El umbral de credibilidad inicial es mayor, y el costo de la refutación es más alto para todos los actores del sistema.
La aceptación acrítica de la hipótesis legitima políticas de militarización cuya eficacia ha sido ampliamente cuestionada. La experiencia mexicana es paradigmática: Flores-Macías (2018) demostró que la militarización antidrogas se asoció con mayor violencia homicida y reducción de la capacidad estatal. En contraste, la literatura evaluada por pares apunta hacia policía comunitaria, eficiencia judicial y control territorial —factores exactamente los que la narrativa del encubrimiento vuelve invisibles al desplazar el debate hacia el pasado correísta.
La hipótesis se inscribe en una tradición de narrativas orientadas a deslegitimar al correísmo en coyunturas electorales: la «narcopolítica» con archivos de las FARC rechazados por la INTERPOL por falta de cadena de custodia, las cifras sobre el «robo de $70.000 millones», la tesis del «30-S como montaje». En todos los casos, relatos que simplifican procesos complejos. La Pax Narca lo hace con mayor sofisticación técnica. Por eso llegó más lejos.
Solo la adopción generalizada de ciencia abierta —prerregistro de hipótesis, publicación de datos de réplica, transparencia en las decisiones analíticas— puede reducir el margen de explotación que la pseudoacademia aprovecha. La ausencia de estas prácticas en el entorno mediático-político ecuatoriano permitió que este ciclo se completara en nueve meses, desde la publicación hasta la intervención de la UNODC, sin que nadie detuviera el proceso para preguntar si el modelo econométrico era sólido.
Hay una paradoja en el centro de este caso. La literatura académica evaluada por pares lleva años explicando la reducción de homicidios en Ecuador entre 2009 y 2018 con evidencia sólida: mejoras en la eficiencia judicial, giro punitivo en la política de seguridad, implementación del modelo de policía comunitaria. Esos estudios tuvieron un impacto mediático marginal. Una hipótesis sin revisión por pares, con un modelo que colapsa al añadir 24 observaciones, tuvo impacto institucional real en menos de un año.
La diferencia no estaba en la calidad de la evidencia. Estaba en el diseño de la narrativa.
En el plano estadístico, la hipótesis carece de solidez: su único coeficiente positivo depende de la exclusión arbitraria de dos provincias, desaparece con grupos corregidos (p=0,952), y los datos del propio modelo muestran una reducción del 50% en muertes indeterminadas durante el período supuestamente encubierto. En el plano comunicacional, el caso constituye evidencia empírica del ciclo completo de la desinformación pseudoacadémica —producción → amplificación → institucionalización—, documentado en más de 28 medios de cuatro países y culminado en acciones concretas de la Presidencia, la Asamblea Nacional y la UNODC.
El problema no era que el gobierno ecuatoriano creyera una mentira. El problema era que la mentira venía con un modelo de diferencias en diferencias, credenciales de la Universidad de Chicago y un repositorio de datos públicos. Eso no la hace más verdadera. La hace mucho más difícil de detener.