La pregunta más incómoda de la política colombiana tiene ahora una respuesta cuantitativa. Analizamos 11.869 observaciones municipio-año para responderla.
Donde las FARC estaban presentes, la firma del acuerdo redujo los homicidios hasta en un 81%. Los municipios que más violencia tenían fueron también los que más se beneficiaron.
Para el 75% de los municipios colombianos —aquellos con baja exposición previa al conflicto FARC— el dividendo de paz fue menor al 6%. Y el vacío que dejaron las FARC lo llenaron el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.
Desde el 24 de noviembre de 2016, Colombia ha debatido si el Acuerdo de Paz con las FARC fue una buena o mala decisión. El debate ha sido, mayoritariamente, ideológico. Los defensores del acuerdo citan el mínimo histórico de homicidios de 2017 —11.957, el más bajo desde 1984. Los críticos señalan que en 2025 hay más homicidios que bajo el gobierno Duque. Ambos tienen razón en lo que dicen y ninguno responde la pregunta correcta.
La pregunta correcta no es si el promedio nacional mejoró o empeoró. Es si la firma de la paz con las FARC produjo una reducción causal de la violencia en los lugares donde el conflicto era real. Para responder eso hacen falta datos municipales, un diseño estadístico que separe el efecto de la paz de otras tendencias, y la honestidad de reconocer que Colombia tiene 1.122 municipios —y no todos vivían en guerra.
"Un promedio nacional puede bajar mientras la violencia se redistribuye hacia nuevos territorios. La paz estadística y la paz territorial son cosas distintas."
El working paper que resume este policy brief analiza un panel de 1.079 municipios durante 2013–2023, con datos de incidentes de homicidio de la Policía Nacional (SIEDCO), proyecciones de población del DANE, y un diseño de diferencias en diferencias continuo que usa como variable de tratamiento un índice de violencia previa al acuerdo construido sobre las tasas de homicidio de 2013–2015. El resultado es, en términos técnicos, robusto. En términos políticos, incómodo.
El hallazgo central del análisis es que la firma del acuerdo produjo una reducción real y causalmente identificable de los homicidios —pero concentrada en los municipios que más violencia tenían antes del acuerdo. No fue una reducción uniforme que mejoró a todos. Fue un dividendo geográficamente graduado que benefició desproporcionadamente a los territorios donde las FARC eran el actor armado dominante.
Para medir esa gradación, construimos un índice de violencia previa que va de 0 a 1: el municipio con la tasa más alta en 2013–2015 (Policarpa, Nariño, con 217 homicidios por cada 100.000 habitantes) recibe valor 1; un municipio con cero homicidios recibe valor 0. La siguiente tabla muestra cuánto se redujo la violencia en función de dónde estabas en esa distribución:
Efectos implícitos: β̂_TWFE × Índice_p. SE por método delta. Todos significativos al 1% para p75 y superior. Fuente: SIEDCO/Policía Nacional + DANE, cálculos propios.
El gráfico muestra tres cosas simultáneamente. Primero, en 2013 y 2014 —los dos años previos al año de referencia— los coeficientes son estadísticamente cero (p > 0.48), lo que confirma que los municipios más y menos violentos seguían tendencias paralelas antes del acuerdo. Segundo, en 2016, el año de la firma, el coeficiente cae abruptamente a −1.91: la reducción fue inmediata, no gradual. Tercero, los ocho coeficientes post-acuerdo son todos negativos y altamente significativos, sin señales de revertirse hasta 2023.
Prueba placebo: Para descartar que el resultado sea un artefacto estadístico, reasignamos aleatoriamente los valores del índice entre municipios 500 veces. En ninguna de las 500 permutaciones se obtiene un coeficiente tan negativo como el real (β = −1.648). El p-valor de permutación es 0.000. El patrón geográfico del índice no es reemplazable por un índice aleatorio.
El mapa del dividendo de paz coincide, con una precisión que no deja mucho margen para la coincidencia, con el mapa territorial de las FARC al momento de la firma. Los municipios que más se beneficiaron están en el Bajo Cauca antioqueño (Briceño, Valdivia, Segovia), el corredor Pacífico (Policarpa, Corinto, San José del Palmar, Tumaco), el Catatumbo (Tibú, Teorama), y los Llanos Orientales (Mapiripán). Son exactamente los territorios de los frentes más activos de las FARC.
Briceño, Valdivia, Segovia. El retiro de los frentes 18, 36 y 37 redujo drásticamente la violencia letal. El Estado aún no llega, pero el agresor principal se fue.
Policarpa, el municipio con la tasa más alta pre-acuerdo (217/100k), registró la mayor reducción en términos relativos de todo el país.
La reducción fue real, pero el ELN y las disidencias llenaron parcialmente el vacío. La violencia cayó menos que en zonas de dominio FARC más exclusivo.
Atlántico, Bolívar y Magdalena registran en 2024 sus máximos en una década. El Clan del Golfo expandió corredores que antes controlaban las FARC. El acuerdo creó oportunidades para actores que no firmaron.
La lección que estos patrones enseñan es estructural: el dividendo de paz fue inversamente proporcional a la diversidad de actores armados locales. Donde las FARC eran el actor dominante y relativamente exclusivo, su retiro generó un descenso claro de la violencia. Donde competían con el ELN, con grupos paramilitares reconfigurados o con economías criminales locales, la desmovilización generó guerras de sucesión territorial.
"El problema no es que se haya firmado la paz con las FARC. El problema es que nadie acordó qué llenar en los territorios que las FARC dejaron."
El gráfico anterior hace visible lo que los promedios nacionales invisibilizan: el acuerdo fue, en términos de reducción de homicidios, extraordinariamente exitoso para quienes más lo necesitaban —y prácticamente irrelevante para la mayoría del país. Un municipio en el percentil 25 de violencia previa (el ciudadano colombiano promedio que vivía lejos del conflicto activo) experimentó apenas una reducción del 6%. Un municipio en el percentil 95 experimentó una reducción del 44%.
Esto tiene consecuencias directas para el debate político. Quienes viven en ciudades intermedias con baja exposición histórica al conflicto FARC —Manizales, Bucaramanga, Pereira, Neiva— tenían razones genuinas para no sentir el dividendo de paz. No es que el acuerdo no funcionara: es que no era para ellos, estadísticamente hablando. Su violencia tenía otras causas.
El problema del promedio nacional: Colombia pasó de 12.215 homicidios promedio anuales en el segundo gobierno Santos (pre-acuerdo) a 11.957 en 2017 (el mínimo). Pero ese agregado mezcla reducciones dramáticas en Policarpa y Briceño con estabilidad o aumento en Cartagena y Barranquilla. Debatir el acuerdo usando el total nacional es como evaluar si un medicamento funciona midiendo el peso promedio del hospital.
La crítica más frecuente al acuerdo no es que la desmovilización haya fallado donde las FARC estaban —los datos muestran que no falló—. La crítica más sólida es que nadie planificó adecuadamente qué pasaría con los territorios que las FARC dejaban. El acuerdo fue un proceso de desmovilización exitoso que ocurrió dentro de un Estado que no tenía capacidad de llegada territorial proporcional a la vacante que se creaba.
Las FARC no eran solo un grupo armado. En muchos de sus territorios históricos —Policarpa, Briceño, Mapiripán, San José del Palmar— funcionaban como el Estado de facto: cobraban impuestos, administraban disputas, regulaban la vida social. Su desmovilización creó un vacío institucional que el Estado colombiano tenía que llenar con policía, jueces, inversión social, presencia sanitaria. En varios casos, no lo hizo.
Lo que los datos no pueden descartar: El event study muestra que los coeficientes post-acuerdo no se atenúan sistemáticamente hasta 2023. Pero esto no prueba que el dividendo de paz sea permanente. Podría reflejar que la reorganización territorial de grupos armados toma tiempo en traducirse en homicidios, o que la mejora en zonas FARC-dominantes está siendo parcialmente compensada por deterioro en zonas adyacentes —un efecto spillover que este diseño no puede capturar.
La evidencia más perturbadora es geográfica: los departamentos del Caribe —Atlántico, Bolívar, Magdalena— que no eran epicentros del conflicto FARC registran en 2024 sus peores tasas en una década. El Clan del Golfo expandió su estructura hacia el litoral caribeño precisamente en el período post-acuerdo, ocupando corredores que las FARC controlaban como rutas de tráfico. La paz con un actor armado puede financiar la guerra de otro.
Si el dividendo de paz fue mayor donde la violencia previa era mayor, los recursos de consolidación post-conflicto —policía rural, presencia judicial, inversión social— deberían haberse concentrado con la misma intensidad geográfica en que se concentraba el conflicto. Una política de seguridad que distribuye recursos uniformemente entre 1.122 municipios está sistemáticamente subsidiando la paz donde ya había paz y subinvirtiendo en territorios críticos.
El efecto más grande del acuerdo se observa en 2016, el año mismo de la firma. Esto sugiere que el mecanismo principal de reducción de la violencia fue directo: cesaron los combates y los homicidios directamente atribuibles a las FARC. El problema es que este efecto inmediato puede erosionarse a medida que otros actores ocupan el espacio. La velocidad de la desmovilización no puede superar a la velocidad de la presencia estatal sin crear vulnerabilidades.
El gobierno Petro negocia simultáneamente con el ELN, las disidencias del EMC y estructuras criminales locales. El análisis presentado aquí sugiere que los efectos de esas negociaciones serán, de materializarse, igualmente heterogéneos: concentrados en las zonas de dominio efectivo de cada grupo, con potencial de desplazamiento de violencia hacia zonas adyacentes. Evaluar esas negociaciones con promedios nacionales sería repetir el error metodológico que ha dominado el debate desde 2016.
"La pregunta no es si firmar o no firmar. Es si el Estado colombiano tiene la capacidad territorial para llenar el espacio que un acuerdo de paz crea. En 2016, tenía esa capacidad en algunas partes. En otras, no."
¿Fue una buena decisión firmar la paz con las FARC? La evidencia cuantitativa de 1.079 municipios y once años de datos sugiere la siguiente respuesta:
Sí fue una buena decisión en el sentido de que produjo una reducción real, causalmente identificable y estadísticamente robusta de los homicidios en los municipios donde el conflicto era más intenso. El acuerdo salvó vidas —muchas vidas, no estadísticas— en Policarpa, en Briceño, en San José del Palmar, en Mapiripán. Para los colombianos que vivían en esos territorios, el 24 de noviembre de 2016 fue un punto de inflexión real.
Fue una decisión incompleta en el sentido de que no estuvo acompañada de la capacidad estatal territorial necesaria para convertir la desmovilización armada en paz institucional. El acuerdo creó un vacío que el Estado solo llenó parcialmente, y que otros actores —ELN, disidencias, Clan del Golfo— llenaron con violencia. La reducción de homicidios en territorios FARC coexistió con el deterioro del Caribe, el Catatumbo y zonas de frontera.
La conclusión metodológica que este análisis ofrece es más incómoda que cualquier posición política: tanto quienes defienden el acuerdo como quienes lo critican tienen razón, porque están mirando poblaciones diferentes de municipios. El debate político colombiano sobre la paz ha sido, en buena medida, un debate entre personas que viven en partes distintas del mapa.
Nota metodológica: Los resultados son robustos a cuatro especificaciones alternativas (sin winsorización, municipios con población > 5.000, conteo logarítmico de homicidios, excluir los 5 municipios con mayor índice). El diseño de diferencias en diferencias controla por efectos fijos municipales y anuales, elimina diferencias de nivel entre municipios y choques comunes a todos los municipios. Una prueba placebo de 500 permutaciones descarta que el resultado sea un artefacto de la distribución espacial preexistente de la violencia. El working paper completo está disponible a solicitud del autor.