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¿Cuándo la violencia
partió a Ecuador en dos?

Ecuador no pasó de ser una isla de paz a ser el país más violento de la región por casualidad. Pasó de ser un país de tránsito de droga a ser un hub de exportación de cocaína. Ese proceso tuvo una fecha, una geografía y un contexto político preciso. Este post usa datos mensuales del Ministerio del Interior —granularidad que el análisis anual no podía ofrecer— para identificar mes a mes cuándo comenzó la fractura y cuándo se volvió imposible de revertir.

Análisis de datos  ·  Autor: Juan Pablo Jaramillo-Ramón Mayo 2026  ·  Fuente: Ministerio del Interior del Ecuador  ·  Extiende con datos mensuales el trabajo de Jaramillo-Ramón, Pino-Uribe y Piedrahita-Bustamante, datos anuales 2014–2023.

Hay dos cosas que hay que tener claras antes de hablar de datos. La primera: Ecuador redujo sostenidamente su tasa de homicidios entre 2009 y 2018. Llegó a ser el segundo país más pacífico de la región, impulsado en parte por reformas institucionales documentadas. La segunda: el narcotráfico en Ecuador existe desde los años 80. El país siempre fue vecino de Colombia y Perú, los dos principales productores de cocaína del mundo. Eso no es nuevo.

Lo que cambió a partir de 2021 no fue que apareció el narco. Lo que cambió es que Ecuador dejó de ser un país de tránsito poco violento y se convirtió en un hub de exportación de cocaína hacia Europa altamente disputado por el crimen transnacional. Cuando eso ocurre, el valor de controlar los puertos —Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar— se dispara, y con él la violencia entre las organizaciones que compiten por ese control. La UNODC (2023) y The Economist lo documentaron: Ecuador es el "narcoestado más nuevo del mundo" no porque antes no hubiera droga, sino porque antes el Estado aún podía contener la competencia violenta.

Dos factores que se refuerzan explican el salto: el externo —la expansión de los cultivos de coca en Colombia superó las 200.000 hectáreas en 2021-2023, inundando las rutas ecuatorianas de cocaína— y el interno: el Estado ecuatoriano perdió la capacidad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia en el momento más crítico.

Cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021, Ecuador ya tenía una crisis de seguridad activa. La guerra entre bandas había comenzado pocos meses antes. La pregunta relevante no es si Lasso la causó, sino qué hizo el Estado con ella.

La respuesta documentada es demoledora. En 2022, el Ministerio del Interior reportó 0% de ejecución de su presupuesto de inversión. Al año siguiente, esa cifra subió apenas al 13.75%. El titular del ministerio, Juan Zapata, fue censurado por la Asamblea Nacional en 2024. El Índice Mundial de Crimen registró durante el período Lasso una caída de más del 20% en cinco indicadores clave: políticas contra el crimen, capacidad judicial, investigación, control territorial y combate al lavado.

A eso se suma complicidad documentada: Dritan Rexhepi —el capo albanés que reconectó el narcotráfico ecuatoriano con los mercados europeos— fue liberado en 2021 con certificado de buena conducta emitido por el propio Estado. Alias "Junior" de las Águilas salió en 2023 bajo las mismas condiciones. El Estado no solo no contuvo la violencia: en varios casos facilitó las condiciones para que escalara.

El resultado fue que entre 2021 y 2023 Ecuador vivió 11 masacres carcelarias con más de 400 muertos. La tasa de homicidios dentro del sistema penitenciario llegó a 83 por cada 10.000 reclusos, cuando antes era de apenas 10. Las cárceles, símbolo del control del Estado, se convirtieron en el símbolo de su colapso.

Análisis previos trabajan con datos anuales y confirman un coeficiente de tratamiento de +30 homicidios por 100.000 habitantes en la Costa durante 2021-2023, significativo al 1%. La contribución de este post es usar la granularidad mensual para fechar con precisión lo que el análisis anual solo puede aproximar: ¿en qué mes exacto comenzó la divergencia?

La decisión más importante del diseño de diferencias en diferencias es el período de referencia —el "cero" contra el cual se miden todos los coeficientes. Si ese cero está mal calibrado, el modelo produce resultados engañosos. Omitir un solo mes produce 74 coeficientes pre-tratamiento negativos significativos de 84, violando el supuesto de tendencias paralelas que exige coeficientes nulos. Omitir el bloque enero–mayo 2021 da 48 de 84 significativos: tampoco funciona, porque esos meses ya eran inusualmente violentos —la guerra entre bandas ya había comenzado. La especificación válida es tomar el año 2020 completo como referencia: solo 5 de 72 coeficientes pre-tratamiento son significativos y se mantienen cerca del cero, lo esperado por azar en 72 meses.

Los δ_τ son los coeficientes de interés: cuánto más o menos violenta fue la Costa en cada mes relativo al Resto y relativo al promedio de 2020. Los efectos fijos de provincia λ_p eliminan todas las diferencias estables entre provincias. Los errores estándar son robustos (HC3).

Usar 2020 como referencia también tiene sentido sustantivo: fue el último año en que ambos grupos se movieron con dinámica similar, antes de que el vacío de poder post-Rasquiña y el colapso institucional bajo Lasso alteraran la ecuación.

Momento 1 — Tendencias paralelas verificadas (2014–2019). La zona azul previa a 2020 muestra coeficientes dispersos alrededor de cero sin ningún patrón sistemático. Solo 5 de 72 son significativos al 5% —exactamente lo esperado por azar. El diseño es válido: la Costa y el Resto del país se movían en paralelo antes de la crisis.

Momento 2 — La fractura comienza poco antes de Lasso (abril 2021). Este es el hallazgo más importante que los datos mensuales añaden al análisis anual. El primer mes con un coeficiente estadísticamente significativo es abril de 2021 (δ = +0.53, p = 0.003) —un mes antes de que Lasso asumiera. Mayo de 2021, el mes de la posesión, también es significativo (δ = +0.63, p = 0.001). La guerra entre bandas, desatada tras el asesinato de "Rasquiña" en diciembre de 2020, ya estaba produciendo una divergencia detectable en los datos antes de que hubiera un nuevo gobierno.

Momento 3 — La consolidación imparable (agosto 2021 en adelante). Noviembre de 2021 es el primer mes con coeficiente mayor a +0.99 (p < 0.001). Desde diciembre de 2021 en adelante, todos los meses son significativos al 1% sin excepción. El pico de toda la serie es septiembre de 2025: δ = +1.69, p < 0.001.

Este hallazgo merece una distinción porque aclara la responsabilidad política con precisión quirúrgica. La divergencia estadística no comenzó el 24 de mayo de 2021, cuando Lasso juró el cargo. Comenzó en abril de 2021, durante los últimos días del gobierno de Lenín Moreno.

Eso no absuelve a Lasso. Lo que dice es algo más preciso: la fractura la inició el vacío de poder criminal, no el cambio de gobierno. Lo que hizo el gobierno de Lasso —o más exactamente, lo que permitio— fue dejar que esa fractura se consolidara, se profundizara y se volviera estructural durante 30 meses de gestión, con presupuesto no ejecutado, ministros incompetentes y presos de alta peligrosidad liberados con certificados de buena conducta.

La diferencia importa para el diagnóstico de política pública. Si la fractura hubiera empezado exactamente con el cambio de gobierno, podría argumentarse que fue un shock exógeno político. Que empiece un mes antes, en plena transición, indica que fue un shock criminal que el nuevo gobierno heredó y luego amplificó por omisión.

Guillermo Lasso disolvió la Asamblea en mayo de 2023 y convocó elecciones anticipadas. Daniel Noboa asumió en noviembre de 2023 con una nueva estrategia: estado de emergencia, despliegue militar, declaración de conflicto armado interno. Los primeros meses de 2024 mostraron coeficientes algo menores que los de 2023, lo que podría leerse como una moderación inicial.

Pero los datos de 2025 desmontaron esa lectura. El pico histórico de toda la serie —septiembre de 2025, δ = +1.69— ocurrió bajo Noboa. En los doce meses de 2025, todos los coeficientes son significativos al 5%, y diez de los doce lo son al 1%. No hay ningún mes de 2025 donde la brecha entre la Costa y el Resto del país se cierre o siquiera se achique de forma significativa.

Cuatro años después del primer mes significativo, la Costa ecuatoriana sigue siendo un territorio con una dinámica de violencia radicalmente distinta al resto del país. Bajo Lasso, bajo Noboa, sin cambio estadístico detectable.

Una crisis de seguridad sin fecha es una crisis que no puede ser superada. Lo que este análisis establece con certeza estadística es lo siguiente: antes de 2020, no hay evidencia de que la Costa se separara del Resto del país en materia de homicidios. En abril de 2021, un mes antes de que Lasso asumiera, apareció la primera señal estadística de divergencia, producto del colapso del orden criminal tras el asesinato de "Rasquiña". En noviembre de 2021, seis meses después de que Lasso tomara el cargo sin ejecutar presupuesto de seguridad, esa divergencia ya era estructural. Y así ha permanecido hasta diciembre de 2025.

Ecuador tiene una fractura territorial de violencia concentrada en la Costa. Comenzó con el colapso criminal de diciembre de 2020. Se aceleró con el colapso institucional de 2021-2023. Y no ha cedido bajo ningún gobierno posterior.